El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo enfrenta una situación que no sólo resulta políticamente incómoda, sino jurídicamente delicada: su edificio sede del Comité Directivo Estatal se encuentra embargado para hacer frente a pasivos derivados de demandas laborales promovidas por extrabajadores.
La abogada que representa a varios de los exempleados que llevaron sus casos ante los tribunales asegura que, tan sólo en los asuntos que ella litiga, las sentencias acumuladas superan los 10 millones de pesos.
Lo más grave para el tricolor es que los juicios ya no están en la etapa de promesas, discursos o negociaciones políticas.
Ya existen sentencias y los procedimientos se encuentran en etapa de ejecución. Llegó la hora de pagar. LA HISTORIA DE LOS DESPIDOS
De acuerdo con la información proporcionada por la representante legal, el problema comenzó en septiembre de 2022, cuando Julio Valera Piedras, entonces presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, habría separado de sus cargos a delegados políticos distritales y municipales, sin cubrir —según los trabajadores afectados— salarios pendientes ni otorgar las liquidaciones correspondientes.
No todos demandaron.Pero algunos sí. Fueron esos pocos los que decidieron no quedarse cruzados de brazos y llevar el conflicto ante las autoridades laborales.
La segunda etapa llegó en diciembre de 2022, cuando más de 50 trabajadores administrativos y de servicios generales dejaron de recibir el pago correspondiente al mes de noviembre, además de ser enviados de vacaciones sin aguinaldo y con la instrucción de regresar en enero.
Pero al volver, la historia habría sido otra. Los vigilantes, presuntamente, les impidieron el acceso a su lugar de trabajo. Para muchos, las vacaciones terminaron convirtiéndose en despido.
El PRI estatal, señala la litigante, se quedó entonces únicamente con el personal considerado indispensable y con personas cercanas a la dirigencia de aquel momento.
Tras la salida de Julio Valera y la llegada de Marco Antonio Mendoza Bustamante a la dirigencia estatal, en julio de 2023, se registraron nuevos despidos.
A principios de este año, de acuerdo con la información proporcionada por la abogada, otros dos trabajadores adscritos a la Coordinación del Deporte del Comité Directivo Estatal también fueron separados de sus cargos.
La factura laboral, entonces, fue creciendo, creciendo y creciendo, hasta convertirse en un problema que ya amenaza directamente al patrimonio del partido.
EL EMBARGO YA ESTÁ SOBRE LA MESA
Actualmente, el edificio del Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo se encuentra embargado dentro de un procedimiento para cubrir pasivos laborales.
El siguiente capítulo puede resultar todavía más incómodo para la dirigencia tricolor.
De acuerdo con la abogada, el próximo 8 de septiembre, alrededor de las 10:45 horas, se realizarán los trabajos correspondientes al avalúo del inmueble, a cargo de una arquitecta, en su carácter de perito valuador.
Una vez que el Tribunal apruebe el avalúo, debe establecerse la ruta para que el inmueble pueda ser sometido a remate judicial, conforme al desarrollo del proceso de ejecución.
La casa del PRI Hidalgo podría terminar en un proceso de remate para pagarle a quienes durante años esperan el cumplimiento de sentencias laborales.
EL COSTO DE NO PAGAR
El caso del PRI Hidalgo debe encender más de una alarma. No solamente por el posible remate de un inmueble, sino por lo que representa políticamente.
Un partido que durante años fue una maquinaria electoral hoy enfrenta la posibilidad de que uno de sus principales activos sea utilizado para cubrir deudas laborales.
El PRI Hidalgo tendrá que enfrentar una realidad que ya no puede resolverse con discursos, comunicados o reuniones de dirigencia.
