Lo ocurrido, hoy, con los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo deja una pregunta: ¿hasta dónde puede llegar una protesta laboral sin vulnerar los derechos de miles de ciudadanos?
Luego de alcanzar acuerdos con las autoridades la noche del viernes, los manifestantes volvieron a cerrar las vialidades, de acuerdo con los señalamientos sobre los hechos.
La situación derivó en la intervención de los cuerpos de seguridad para restablecer la circulación.
El derecho a manifestarse es legítimo; convertir las carreteras en instrumento de presión a costa de terceros es otra cosa.
Los ciudadanos no tienen por qué pagar las consecuencias de conflictos laborales o sindicales que no les corresponde resolver.
En torno a la movilización también existen señalamientos sobre una disputa interna por la dirigencia y el control sindical.
De confirmarse, sería necesario aclarar si las protestas responden a demandas laborales concretas o si también están siendo utilizadas en una lucha por el poder gremial.
El problema del IMSS no termina en las carreteras.
También persisten quejas de derechohabientes por malos tratos, falta de empatía y deficiencias en la atención.
Sin generalizar, porque existen profesionales comprometidos que realizan una labor extraordinaria, las denuncias merecen atención y respuestas institucionales.
El paciente no debe convertirse en víctima de las disputas sindicales ni del mal servicio.
La vocación médica y el compromiso laboral deben traducirse en respeto, responsabilidad y trato digno.
Las autoridades tienen la obligación de garantizar la movilidad y actuar conforme a la ley; los representantes sindicales, de transparentar sus demandas y cumplir los acuerdos.
El IMSS, de atender tanto las condiciones laborales como las quejas de sus derechohabientes.
La discusión de fondo es sencilla: defender los derechos de los trabajadores no significa ignorar los de la sociedad.
Un sindicato se deslegitima cuando sus intereses afectan a la ciudadanía; una institución de salud falla cuando olvida al paciente.
Las carreteras pueden reabrirse, pero la verdadera solución llegará cuando los intereses gremiales dejen de estar por encima de los derechos ciudadanos y la atención médica digna sea una realidad, no una exigencia permanente
