En política, hay declaraciones que simplemente llenan espacios informativos y otras que marcan un antes y un después. La advertencia del gobernador Julio Menchaca Salazar pertenece al segundo grupo.
Al afirmar que, si continúan los abusos de concesionarios y operadores del transporte público, podría modificarse la ley para permitir nuevas modalidades de movilidad, el mandatario tocó uno de los temas más sensibles de la vida política y económica de Hidalgo.
Durante décadas, el transporte público ha sido un sector protegido. Los concesionarios han ejercido un enorme poder de negociación con los gobiernos en turno y cualquier intento por abrir el mercado a plataformas digitales como Uber o Didi siempre encontró resistencia.
Ahora, por primera vez desde el Gobierno estatal, el mensaje cambia de tono.
No fue casualidad que la advertencia llegara apenas unos días después del incremento a la tarifa del transporte.
El aumento fue autorizado bajo una condición muy clara: mejorar el servicio. Ese fue el compromiso asumido por los transportistas ante la sociedad.
Pero la paciencia ciudadana tiene límites.
Las quejas continúan. Unidades deterioradas, exceso de velocidad, sobrecupo, operadores que conducen utilizando el teléfono celular, maltrato a los pasajeros y una percepción generalizada de que el incremento no se ha reflejado en una mejora real del servicio.
Por ello, las palabras de Menchaca parecen enviar un doble mensaje. El primero, hacia los concesionarios: el Gobierno ya no está dispuesto a justificar incumplimientos. El segundo, hacia la ciudadanía: si el modelo actual no funciona, existen alternativas que podrían analizarse.
La sola posibilidad de reformar la legislación representa una presión inédita para el gremio transportista. No significa que Uber o Didi lleguen mañana a Hidalgo, pero sí coloca sobre la mesa una herramienta que durante años permaneció fuera de cualquier discusión oficial.
El gobernador también sabe que abrir el mercado no será una decisión sencilla.
Implicaría enfrentar intereses económicos y políticos consolidados, además de construir un marco legal que garantice competencia en condiciones equitativas. Sin embargo, también podría convertirse en una respuesta a una demanda creciente de miles de usuarios que buscan opciones de transporte más seguras, eficientes y con mecanismos de evaluación ciudadana.
Hoy la pelota está del lado de los concesionarios. El incremento a las tarifas les otorgó un voto de confianza. Si ese respaldo se desperdicia y persisten las malas prácticas, difícilmente podrán argumentar sorpresa cuando el Gobierno decida cambiar las reglas del juego.
En política, las advertencias suelen tener destinatario. Pero cuando provienen del titular del Poder Ejecutivo, también llevan implícita una decisión: la de actuar si las condiciones no cambian.
Julio Menchaca ya puso el tema sobre la mesa. Ahora serán los transportistas quienes decidan si corrigen el rumbo… o terminan abriendo ellos mismos la puerta a una transformación que durante años buscaron impedir
