Otra vez las colectivas. Otra vez la imprudencia. Otra vez ciudadanos lesionados. Y otra vez las autoridades llegando después de que el daño está hecho.
El atropellamiento de tres jóvenes ocurrido, ayer, en pleno Centro Histórico de Pachuca, a un costado de la Iglesia de la Asunción y del Jardín Constitución, no es un hecho aislado ni una desafortunada coincidencia.
Es el resultado de años de permisividad, falta de supervisión y una peligrosa cultura de impunidad que se ha enquistado en buena parte del transporte público.
Las imágenes difundidas en redes sociales son reveladoras.
Antes de embestir a los jóvenes, el operador de una colectiva de la ruta 11 de Julio ya había protagonizado una maniobra agresiva contra otros peatones.
Lejos de disminuir la velocidad o respetar el paso peatonal, parecía exigir que las personas, prendiendo sus luces, se apartaran de su camino.
Como si las calles fueran propiedad de las unidades del transporte público y no espacios compartidos por todos los ciudadanos.
Lo más preocupante es que miles de usuarios reconocen esta conducta porque la observan diariamente.
No se trata de una excepción. Es frecuente encontrar operadores utilizando teléfonos celulares mientras conducen, enviando mensajes, realizando llamadas o distraídos en actividades ajenas a su responsabilidad.
También es común ver unidades que se pasan los altos, invaden cruces peatonales o realizan maniobras riesgosas con total desprecio por la seguridad de terceros.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿qué ha hecho la autoridad para detener esta situación?.
Porque si los accidentes protagonizados por colectivas son una constante en Pachuca, Mineral de la Reforma, Zempoala y otros municipios de Hidalgo, entonces el problema ya no es únicamente de algunos conductores irresponsables.
El problema también es de quienes tienen la obligación de vigilar, sancionar y ordenar el sistema de transporte público.
La Secretaría de Movilidad y Transporte no puede seguir limitándose a discursos sobre modernización mientras en las calles persisten prácticas que ponen vidas en riesgo todos los días.
Las concesiones del transporte público no son un cheque en blanco.
Son autorizaciones otorgadas por el Estado y, por tanto, deben estar sujetas a controles estrictos y consecuencias reales cuando se incumple la ley.
¿Dónde están las sanciones ejemplares?
¿Dónde están las revisiones permanentes?
¿Dónde están los programas de capacitación obligatoria?
¿Cuántos accidentes más tendrán que ocurrir para que las autoridades reconozcan que existe un problema grave de supervisión?
El conductor involucrado fue detenido y deberá responder ante la justicia.
Sin embargo, sería un error reducir el caso a una sola persona.
Detrás de este atropellamiento existe un sistema que durante años ha permitido que muchos operadores actúen convencidos de que difícilmente enfrentarán consecuencias.
Mientras la autoridad continúe tolerando excesos y mientras las sanciones sigan siendo la excepción y no la regla, los ciudadanos seguirán siendo los más vulnerables.
El peatón, que por ley debería ocupar el lugar más importante en la movilidad urbana, termina siendo el último eslabón de una cadena donde prevalecen la prisa, el desorden y la negligencia
