¿Quién manda realmente en el penal?
Redacción
Una denuncia de familiares de personas privadas de la libertad en el CERESO de Tulancingo y de éstos mismos, pone sobre la mesa una serie de señalamientos extremadamente graves que, de ser acreditados, revelarían un esquema de cobros, extorsiones, abusos, corrupción y posibles violaciones a los derechos humanos dentro del centro penitenciario.
Los denunciantes señalan directamente a la directora del penal, Silvia Guerrero Caballero, así como a diversas personas que presuntamente operarían cobros y controles internos.
Las acusaciones incluyen el supuesto cobro periódico por permitir teléfonos celulares, cuotas por visitas, alimentos, área conyugal, camas y actividades laborales, además de presuntos actos de violencia y explotación contra internos e internas.
Se trata de acusaciones formuladas por familiares e internos. Precisamente por la gravedad de lo denunciado, corresponde a las autoridades competentes investigar, verificar y deslindar responsabilidades.
Uno de los señalamientos que más llama la atención es el supuesto cobro por permitir teléfonos celulares dentro del penal.
De acuerdo con la denuncia, habría decenas de internas y cientos de internos que pagarían cuotas mensuales de mil pesos cada uno para conservar estos aparatos.
Los propios denunciantes hacen cuentas que, según su versión, representarían cientos de miles de pesos mensuales.
Pero más allá de las cifras, la pregunta es inevitable:
¿Cómo pueden existir cientos de teléfonos celulares dentro de un centro penitenciario sin que exista conocimiento o control de las autoridades responsables de la seguridad?
Si los cobros existen, ¿quién los autoriza?
Si son ilegales, ¿quién los permite?
Y si alguien obtiene ganancias de ellos, ¿a dónde termina llegando ese dinero?.
La denuncia también habla de supuestos cobros a personas de nuevo ingreso, condiciones laborales obligatorias, pagos por utilizar camas, presuntos maltratos, restricciones a actividades deportivas y posibles abusos contra mujeres privadas de la libertad.
Pero hay acusaciones todavía más delicadas: familiares sostienen que algunas muertes que oficialmente habrían sido consideradas suicidios podrían tener otras causas, incluyendo presuntas sobredosis o violencia.
Este punto exige una investigación independiente y profesional.
No basta con abrir un expediente administrativo y archivarlo. Si existen dudas razonables sobre la causa de muerte de una persona privada de la libertad, deben revisarse expedientes médicos, certificados de defunción, necropsias, dictámenes forenses, videos de vigilancia, bitácoras de custodios y cualquier otro elemento disponible.
También se denuncia una supuesta selección de internas para mantener relaciones se*&xuales con personal penitenciario y otros actos de explotación.
De comprobarse, estaríamos hablando de hechos de una gravedad mayúscula que no pueden quedar reducidos a un simple problema administrativo.
La Secretaría de Seguridad Pública tiene la palabra.
Ante semejante cantidad de señalamientos, la pregunta no debe ser únicamente si son ciertos.
La pregunta correcta es:
¿Ya se investigaron?
Porque si las acusaciones son falsas, la autoridad tiene la obligación de demostrarlo.
Y si alguna resulta verdadera, la obligación es todavía mayor: investigar, sancionar y proteger a las víctimas.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo no puede permitir que un centro penitenciario se convierta en una zona de silencio donde familiares tengan miedo de denunciar por temor a represalias contra sus seres queridos.
Hay además un elemento particularmente preocupante: quien presenta esta denuncia afirma tener temor por la integridad de su familiar, actualmente recluido en el área varonil.
Ese temor debe ser tomado en serio.
La persona que denuncia no está pidiendo privilegios para su familiar. Está solicitando que se investiguen presuntos cobros, abusos y actos de corrupción.
Y eso, en cualquier institución pública, merece una respuesta institucional.
No se trata de condenar; se trata de investigar
El CERESO no puede ser territorio sin ley.
Las personas privadas de la libertad están sujetas a una sentencia o a un proceso, pero no pierden sus derechos humanos.
Tampoco sus familias deben convertirse en víctimas económicas de un supuesto sistema de cobros clandestinos.
Por eso se hace un llamado respetuoso pero firme a los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y a las instancias de control y procuración de justicia correspondientes:
Investiguen.
Que se realicen inspecciones sorpresivas.
Que se auditen los ingresos y cobros internos.
Que se revisen cámaras, bitácoras y registros.
Que se investigue el ingreso y utilización de teléfonos celulares.
Que se revisen las condiciones de las áreas femenil y varonil.
Que se investiguen las denuncias de violencia, explotación y posibles actos de corrupción.
Y, sobre todo, que se garantice que ningún interno o familiar sea objeto de represalias por denunciar.
Porque si todo está en orden, una investigación seria permitirá demostrarlo.
Pero si existe una red de corrupción dentro del penal, el silencio solamente la fortalece.
El CERESO de Tulancingo, la segunda ciudad más importante de Hidalgo, necesita autoridad, vigilancia y transparencia.
No rumores.
No simulaciones.
Y mucho menos impunidad
