Redacción
La magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría, presentó su Cuarto Informe de Actividades, un ejercicio en el que se puso sobre la mesa el trabajo realizado durante el último año y los avances acumulados a lo largo de cuatro años de administración.
El informe plantea una institución con mayor capacidad de respuesta, presencia en los 17 distritos judiciales, atención directa a la ciudadanía y una apuesta por modernizar los mecanismos para impartir justicia.
Entre los resultados destacados se encuentran la creación del Juzgado Especializado en Violencia Familiar contra las Mujeres, la cobertura del 100 por ciento del SIJEH en las materias civil, familiar y mercantil, el fortalecimiento de la justicia alternativa y la preparación para la entrada en operación del nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar.
El discurso de la magistrada presidenta coloca en el centro a las personas y no solamente a los expedientes.
Una definición que, desde luego, resulta pertinente para una institución cuya razón de ser es precisamente atender a quienes recurren a los tribunales en busca de justicia.
Sin embargo, en medio de este escenario de modernización institucional aparece una asignatura que no debería pasar inadvertida: la relación del Poder Judicial con los medios de comunicación.
Porque una institución que aspira a ser más cercana, accesible y humana también tendría que serlo con quienes tienen la responsabilidad de informar a la sociedad sobre su funcionamiento.
Y aquí surge una contradicción que merece señalarse.
Durante el acto protocolario del Cuarto Informe, Eduardo González, director de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, quien además cuenta con antecedentes como reportero, realizó una selección de medios para el acceso al evento.
A algunos representantes de la prensa se les permitió el ingreso de manera libre, mientras que a otros se les restringió o incluso se les impidió la entrada.
¿Con qué criterio se decidió quién sí y quién no podía ingresar?
No se cuestiona la organización logística de un evento institucional ni las medidas que eventualmente tengan que adoptarse por cuestiones de espacio o seguridad.
Lo cuestionable es que, tratándose de un acto público de una institución encargada de impartir justicia, se establezcan distinciones entre medios de comunicación sin explicar claramente los criterios utilizados.
Más delicado resulta cuando quien encabeza la comunicación social también conoció desde el otro lado del escritorio las dificultades que enfrenta un reportero para realizar su trabajo.
Precisamente por haber sido reportero, debería conocer que el periodismo no se divide entre medios “amigos” y “no amigos”; que la libertad de información no depende de simpatías personales y que Comunicación Social no debe convertirse en una oficina de filtros, preferencias o exclusiones.
El responsable de comunicación de una institución pública no está para decidir qué periodista merece respeto y cuál no.
Su función es facilitar el acceso a la información, generar canales adecuados de comunicación y mantener una relación profesional, institucional y equilibrada con los medios.
La comunicación social no debe confundirse con relaciones públicas selectivas.
Si el Poder Judicial de Hidalgo habla de una justicia moderna, accesible y cercana a la ciudadanía, ese principio debería reflejarse también en su política de comunicación.
No basta con modernizar juzgados, ampliar coberturas, implementar sistemas tecnológicos o crear nuevas áreas especializadas.
También es necesario comprender que la transparencia institucional pasa por garantizar condiciones equitativas para que los periodistas puedan informar.
Y hay algo todavía más elemental: la prensa no necesita privilegios; necesita trato digno y reglas claras.
El Cuarto Informe de Rebeca Aladro Echeverría deja cifras, acciones y proyectos que deberán ser evaluados por sus resultados.
También deja una reflexión para quienes tienen bajo su responsabilidad la comunicación institucional: la imagen de una institución no se construye cerrando puertas a determinados periodistas.
Al contrario, se fortalece cuando se abren las puertas y se permite que la sociedad conozca, cuestione y evalúe el trabajo de sus instituciones.
La magistrada presidenta dijo que detrás de cada expediente existe una historia y detrás de cada resolución hay una persona que espera una respuesta.
En materia de comunicación podría decirse algo similar: detrás de cada medio hay periodistas que también esperan una respuesta, información y respeto para ejercer su profesión.
La justicia que transforma a Hidalgo, como se afirmó durante el informe, debe construirse con resultados, cercanía y sentido humano.
Pero esa cercanía también debe alcanzar a la prensa.
Porque cuando una institución habla de justicia para todos, lo menos que puede hacer es practicar la igualdad también con quienes tienen la responsabilidad de contarle a la sociedad lo que ocurre dentro de ella.
